El golpe de Estado contra Manuel Zelaya

que tal banda,

Un número determinado de gente me ha pedido que les platique un poco sobre lo que está sucediendo en Honduras. Para la cuarta explicación decidí mejor escribir un solo resumen y enviarlo por emilio a tod@s ustedes. No faltará quienes estén infinitamente más informados que yo sobre la situación (Martha) por lo cual los invito a llenar los vacíos en mi relato, corregir los errores o simplemente mentarme la madre.

Los hechos son los siguientes. Manuel Zelaya ascendió a la presidencia a través de las filas del Partido Liberal. Nació en el seno de una familia terrateniente acaudalada y laboró como un importante empresario agrícola antes de emprender una carrera política en la década de 1970. Antes de presentar su candidatura a la presidencia se desempeñó, dentro de las filas del partido liberal, como diputado en varias ocasiones y como Ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social bajo la presidencia de Carlos Roberto Reina, entre otros cargos. Recordemos que Honduras, como tantos otros rincones de América Latina, es un país donde la alternancia democrática responde a un pacto de elites. Liberales y Nacionalistas (conservadores) responden a los intereses de las clases acaudaladas del país atendiendo, cada partido, distintos matices de opinión en torno a una agenda limitada de temas. Las credenciales de Zelaya para ocupar la primera magistratura del país tras las elecciones celebradas en 2005 eran intachables a los ojos de los integrantes del partido liberal. Una vez que se alzó con la victoria sobre el candidato del Partido Nacionalista comenzó a distanciarse de la línea marcada por su propio partido.


Manuel Zelaya

La gestión de Zelaya comenzó en enero de 2006. Desde entonces, a la fecha, ha emprendido una serie de acciones específicas que lo han enfrentado con su propio partido, enemistándolo con la totalidad del Congreso –a excepción de cinco legisladores de izquierda—, la Suprema Corte, el Ejército, la jerarquía católica, la oligarquía terrateniente y el empresariado hondureño. Entre estas acciones destacan las siguientes:
- la derogación de la Ley Antipandillas del gobierno saliente de Maduro
Zelaya percibió –correctamente, a mi juicio— que la Ley Antipandillas criminalizaba a la juventud hondureña y, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, exacerbaba la violencia.
- el aumento de 30% al salario mínimo
- la primera visita oficial de un jefe de Estado hondureño a Cuba
- declaraciones públicas a favor de la legalización de la droga para tratar éste como un problema de salud pública
- rechazo a la solicitud de asilo del terrorista venezolano Luis Posada Carriles
- la incorporación de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas –ALBA: el pacto de cooperación económica al que pertenecen Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Dominica.

Quiero subrayar que las reformas emprendidas por Zelaya son muy modestas. Difícilmente se puede clasificar a Zelaya como un integrante del ‘eje del mal tropical’ de países con gobiernos a la izquierda del centro que han florecido en la última década en América Latina. Lo cierto es que, en la medida en que comenzó a perder el apoyo de su partido y de parte del electorado que lo llevó al poder comenzó también a ganar el apoyo de sectores populares escépticos con respecto a los procesos electorales así como movimientos sociales, organizaciones de izquierda, el magisterio y sectores obreros.

Como sucede en gran parte de los regímenes a lo largo y ancho del mundo que se hacen llamar democráticos, la expresión de la soberanía popular se limita meramente a la emisión de un sufragio cada determinado número de años. El resto del tiempo, una elite que se erige como clase política hace y deshace a voluntad mientras que los ciudadanos de a pie, pasmados, sólo tenemos derecho a indignarnos frente a la rapiña y las trapacerías que atestiguamos. Sobre el gobierno de Zelaya se ciñe una camisa de fuerza institucional que se encuentra enmarcada en el pacto de elites original que tiene su marco de referencia en la constitución vigente. Es imposible llevar a cabo reformas urgentes que alivien la situación de los habitantes de ésta, la tercera república más pobre del hemisferio occidental. Dos tipos de reformas son urgentes para Honduras y otras naciones de América Latina. En primer lugar se deben expandir los canales de participación ciudadana en las instituciones de gobierno. Se debe vincular directamente a la clase política con las demandas y necesidades de la gente. Se debe fortalecer la rendición de cuentas. En segundo lugar, se deben implementar una serie de medidas que le permitan a Honduras recuperar el control de su propio destino económico, con el objetivo explícito de fomentar tanto el desarrollo como una repartición mucho más equitativa de la riqueza. No me consta el grado de compromiso de Zelaya con respecto a estos objetivos, pero me da la impresión que las reformas que buscaba consolidar eran de carácter limitado, muy moderado con respecto a otros casos latinoamericanos.

Con el propósito de establecer un nuevo marco institucional en donde pudiera facilitarse la persecución de estas metas Zelaya convocó a las instituciones electorales a llevar a cabo una consulta a la ciudadanía que debió haber tenido lugar el pasado domingo 28 de junio. Esta consulta, de carácter no vinculante, solamente tenía la intención de medir el grado de apoyo de parte de la ciudadanía con respecto a la propuesta del presidente de establecer un nuevo congreso constituyente. De haber conseguido una respuesta positiva, se habría incorporado una nueva urna en los comicios electorales programados para noviembre donde se le solicitaría a la ciudadanía manifestar su apoyo o rechazo a la conformación de dicho congreso constituyente. Para cuando este congreso constituyente entrara en funciones a mediados de 2010, Zelaya ya habría abandonado la presidencia puesto que el presente marco institucional no permite la reelección. Este hecho parece no ser reportado por nadie en los medios masivos de comunicación.

He aquí el meollo de la disputa: Casi la totalidad del Congreso se opone a siquiera consultar a la ciudadanía sobre la mera posibilidad de emprender reformas amplias a la Constitución. Quiero señalar que la consulta popular es un derecho fundamental del que debe gozar la ciudadanía en un régimen de democracia participativa. No es así en un régimen estrecho de democracia meramente representativa. El marco institucional vigente no contempla esa figura. Zelaya entró en conflicto directo con los otros poderes del Estado que se oponían a llevar a cabo la consulta. La Suprema Corte falló que la consulta era legal, pero que no podía realizarse en año electoral. Zelaya dio instrucciones al General Romeo Vázquez del Ejército hondureño de vigilar y garantizar que la consulta se llevara a cabo. El general Vázquez desobedeció y optó por tomar control de todas las urnas del país y almacenarlas en una bodega al interior de una base de las Fuerzas Aéreas a cargo del general Luis Javier Prince Suazo. Por desobedecer una orden del Presidente –y dado el pesado ambiente que auguraba la posibilidad de que se llevara a cabo un golpe de Estado—, Zelaya procedió a destituir al gral. Vázquez. En protesta por la destitución, el ministro de defensa Ángel Edmundo Orellana presentó su renuncia al Presidente. Inmediatamente, la Suprema Corte contraatacó declarando la destitución ilegal y obligando a Zelaya a reinstituir a Vázquez. En menos de cuarenta y ocho horas, la situación se salió de control y las Fuerzas Armadas tomaron por asalto el Palacio Presidencial secuestrando a punta de rifle al presidente Zelaya. Éste fue trasladado a una base militar no revelada en territorio hondureño y de ahí a San José de Costa Rica.


Roberto Micheletti

Al tiempo que Zelaya era capturado el Congreso dominado por liberales y nacionalistas adversos al Presidente anunció y aceptó la renuncia éste. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, integrante del Partido Liberal, dio lectura a una carta firmada por Zelaya donde pedía licencia al Congreso para separarse de su cargo por motivos de salud y para permitir que se restaurara la paz y la convivencia entre hondureños. Acto seguido procedió, con la anuencia del Congreso, a ser ungido como presidente interino. Más adelante, Zelaya, desde San José, desmintió haber firmado semejante documento.



Las Fuerzas Armadas hondureñas salieron inmediatamente a las calles a tomar control de la Casa Presidencial y asegurar otros edificios de gobierno. La primera orden de Michelleti fue establecer la suspensión de garantías a lo largo y ancho del país. Se declaró toque de queda. Se suspendió el suministro de electricidad al tiempo que fueron censurados aquellos canales de televisión y radio nacionales e internacionales que comenzaron a reportar las protestas ciudadanas en las ciudades más importantes del país, la principal de estas en torno al Palacio Presidencial. El Ejército se colocó a la entrada de las carreteras que conducen a Tegucigalpa impidiendo el paso a manifestantes provenientes de otros puntos del país. Ha habido más de 60 heridos y 2 muertos hasta ahora en enfrentamientos entre militares y civiles que demandan el regreso de Zelaya. Las organizaciones que encabezan las protestas han hecho un llamado a una huelga general que ha tenido eco en el magisterio organizado y gran parte de los obreros. Cada vez se incorporan más sectores a la huelga la cual, de acuerdo a voceros del movimiento, no cesará hasta el reestablecimiento del estado de derecho y la reinstauración de Zelaya en la presidencia. Cabe destacar que los funcionarios del gabinete de Zelaya se encuentran actualmente escondidos temiendo represalias por parte del gobierno de facto. Hasta hace unas horas se temía sobre el paradero de la canciller hondureña, misma que ya se encuentra fuera del país. El alcalde de San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia del país, se encuentra preso y se desconoce su paradero. El Ejército también ha arremetido contra integrantes de la prensa nacional e internacional. Algunos permanecen presos. Se desconoce, igualmente, el número de civiles hondureños presos como producto de las protestas.


Reunión de emergencia de los jefes de Estado del ALBA en Managua

Desde el exterior, el golpe de Estado ha generado una respuesta unánime de condena por parte de todos los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos –es uno de los pocos casos de golpes de Estado latinoamericanos en la historia de los siglos XX y XXI en que este país no se encuentra directamente involucrado (aunque se sospecha injerencia por parte del diplomático estadounidense Otto Reich) o que no apoya una vez consumados los hechos. Asimismo, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones, el Grupo de Río y la Alternativa Bolivariana para las Américas han manifestado su absoluto rechazo al golpe de Estado y exigen el regreso de Zelaya. Inclusive el Banco Mundial ha procedido a negarle financiamiento al gobierno de facto de Micheletti. Cabe señalar que Estados Unidos se rehusa a denominar oficialmente esta situación como un golpe de Estado para evitar, de acuerdo con sus propias leyes, suspender el envío de cuantiosos montos de ayuda militar a Honduras. Probablemente retirar esta suma de dinero sea suficiente amenaza como para obligar la renuncia inmediata de Michelleti y evitar el derramamiento inútil de sangre de civiles hondureños en defensa de sus instituciones.

En todo caso, el golpe de Estado está destinado al fracaso. Aunque cuenta con el respaldo de sectores de clase alta y clase media-alta en las urbes hondureñas, un sector importante de la población le manifiesta su respaldo al Presidente y, posiblemente, la popularidad del mismo aumente tras los hechos acaecidos. Se cree que algunos regimientos del Ejército (tercero y cuarto) se encuentran a punto de amotinarse contra los generales. Los sectores de oposición caerán en un fuerte descrédito en el momento de la restauración de Zelaya y esto le permitirá gozar de un campo libre para proseguir con la consulta señalada arriba y el paquete de reformas que desea implementar. Posiblemente, los hechos radicalicen su gestión. En resumen, les salió el tiro por la culata a los golpistas. Será muy interesante observar la evolución del caso hondureño a lo largo del próximo año y analizar el impacto del mismo en el resto de los países que conforman el istmo centroamericano.

Les invito a revisar los siguientes hipervínculos:
- Videos:

Video de las manifestaciones frente a la Casa Presidencial
Reportaje de Telesur desde los alrededores de la Casa Presidencial
estos dos fueron proporcionados por Andrea...

y uno más de The Real News:
Entrevista al Dr. Tinker Salas