miércoles, 16 de septiembre de 2009

Cuerpo femenino y libertad

Cuerpo femenino y libertad
Araceli Mancilla Zayas*



En días pasados fue aprobado en la legislatura local el dictamen que adiciona al artículo 12 constitucional, el precepto donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Los diputadas y disputadas que votaron a favor dijeron que, al elevar esta disposición a nivel constitucional, visto que ya se encuentra contemplada en el Código Civil, lo que se busca es proteger la vida y la dignidad de las mujeres y, en forma confusa, declararon que continuarán previstos en el Código Penal los supuestos de excepción en los que el “aborto” no será penalizado. No explican en ningún momento por qué razón o urgencia el asunto se llevó al plano constitucional, como se ha hecho ya en 16 estados del país, y de qué manera esto beneficiará en algo a las mujeres.

Durante la sesión en que se aprobó el dictamen se dio un enfrentamiento entre los legisladores y las organizaciones civiles presentes en el recinto legislativo, que quisieron impedir la consumación de un acto para el que no hubo consulta ni se escuchó a los grupos de mujeres. Dichas organizaciones, durante muchos años, han estudiado y señalado la importancia de abordar el tema de la interrupción del embarazo a partir de una perspectiva integral, que abarque desde la salud reproductiva hasta los demás derechos humanos involucrados.

Tampoco se tomó en cuenta a los organismos y dependencias estatales especializados en el tema, estos también en desacuerdo con el dictamen de adición que se realizó de una manera poco transparente, disimulada, totalmente contraria a la participación y el respeto por la opinión de la ciudadanía.

Uno se pregunta ¿Por qué razón se propagan estas adiciones y reformas autoritarias que dan la espalda a las mujeres en diferentes estados del país? La respuesta la encontramos en la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal. En esta entidad federativa, igual que sucede en gran parte del mundo desarrollado, esa interrupción ya no es un delito. En el DF se despenalizó la interrupción del embarazo en abril de 2007 con resultados sorprendentes a favor de la salud y el bienestar físico y psicológico de las mujeres: No más clandestinidad, insalubridad, enfermedad y muerte en el procedimiento; no más estigmatización y vejación; mayor comprensión, apoyo y asistencia para aquellas mujeres que se ven en la tremenda encrucijada de decidir algo tan delicado en relación a su ser más íntimo – su propio cuerpo-, y puedan hacerlo con pleno conocimiento, conciencia y libertad. Se dio, a fin de cuentas, con la interrupción legal del embarazo, una opción humana, real, justa y apegada a los últimos avances de la ciencia, a miles de situaciones concretas, dolorosas y difíciles.

Mas no hay que olvidar que el gobierno federal, a través de Comisión Nacional de Derechos Humanos y La Procuraduría General de Justicia de la República, intentó en su momento echar abajo este logro e interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas en el DF. A pesar de esto, la SCJN dictó sentencia el 28 de agosto de 2008 declarando constitucional lo legislado en la capital del país. En dicha sentencia se establece que “le compete a los congresos locales legislar sobre la despenalización de la interrupción del embarazo, criterio que será tomado en cuenta en otros estados para emitir leyes en la materia”.

A partir de entonces comenzaron a promoverse, como una revancha política de las fuerzas conservadoras, las reformas a las constituciones en los estados para impedir que pueda haber una Ley más humana, más apegada a la ciencia y menos fundamentalista que aborde el asunto de la interrupción del embarazo en toda su complejidad. En lugar de evitar que se nos sancione penalmente, a los ojos de las y los inquisidores que dicen representarnos, hoy más que nunca las mujeres debemos temer castigo seguro al decidir algo esencial y trascendente como es nuestra reproducción.

¿Adónde quieren llegar los legisladores locales? ¿Pretenden impedir, constituciones e índices flamígeros en mano, que el avance alcanzado por la ciencia, la vida civil y el desarrollo humano no se refleje en la Ley?

Frente a la necesidad de reflexión a que llama la crisis actual del país se nos ofrece, en cambio, a las mujeres, el desdén hacia lo que pensamos, sentimos y vivimos; la intolerancia; una sanción que se nutre de la ideología y del fanatismo y que ignora la realidad cruda de miles de nosotras.

No estoy afiliada a ningún partido político, no me mueve ninguna inclinación ideológica y mis creencias religiosas las profeso en la intimidad y conforme a la libertad de conciencia y de cultos que quedó establecida en México a mediados del siglo XIX, no obstante que en la práctica política esto se olvide cada vez con mayor frecuencia.

Así pues, doy mi respaldo al Colectivo Huaxyacac, al Consorcio para el Diálogo parlamentario y la Equidad Oaxaca, y a todas aquellas organizaciones civiles que exigen el veto del dictamen que adiciona el artículo 12 de la constitución del estado de Oaxaca.

* Abogada y escritora

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